miércoles, 26 de octubre de 2011

COLECTIVO ALVEAR RESTREPO IMPLICADO EN ESCANDALOSO FRAUDE A LA NACIÓN POR 5200 MILLONES DE PESOS


El conocido colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR), que tanto daño le ha hecho a las Fuerzas Militares, esta implicado en un multimillonario fraude al Estado por el caso de Mapiripan – José Alvear Restrepo, fue un dirigente de las guerrillas liberales del Llano de mitad del siglo XX, compañero de Eduardo Franco Isaza y de Guadalupe Salcedo -.


La Fiscalía encontró que las personas asesinadas en la masacre de Mapiripan fueron 10 y no 49 como lo habían documentado CAJAR ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó pagar al Estado colombiano más de 5200 millones de pesos en 1991 por las falsas victimas. Recordemos además que este colectivo también lleva casos en contra de los generales Jesus Armando Arias Cabrales, Rito Alejo del Rio e Iván Ramirez y de los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Hernan Mejia Gutierrez, casos en los cuales se han demostrado falsos testimonios y contradicciones de los testigos de la CAJAR, además de ser parte civil con Ivan Cepeda en la demanda que instauraron contra el presidente Alvaro Uribe en la comisión de acusaciones de la Cámara.

Las supuestas víctimas confiesan

Uno de los casos en los que más se evidencia el fraude propiciado por representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -quienes presionaron a los habitantes de Mapiripan en este caso- es el de Mariela Contreras, quien declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la desaparición y muerte de su esposo y sus dos hijos quienes no habrían perecido en la Masacre de Mapiripán, pero recibieron 1.751 millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento le correspondió a los abogados del colectivo.

En este caso, la señora Contreras, quien ayer se presentó en la audiencia de formulación de imputación a ex paramilitares donde se hicieron estas graves revelaciones, se retractó de lo dicho y dijo que uno de sus hijos, Hugo Fernando, estuvo en la guerrilla y se desmovilizó en 2008. Mariela confesó que su esposo fue asesinado por guerrilleros antes de 1997. También contó que Hugo Armando, uno de los hijos que ella creyó desaparecido, realmente estuvo militando desde 1995 hasta el 2008 en la guerrilla. “Una señora me dijo que no fuera boba, que donde yo vivía quedaba en jurisdicción de Mapiripán y me llevó donde un doctor Jaime y a la Corte Interamericana. Ella me dijo que inventara que yo vivía allá, pero yo realmente vivía a siete horas de ese lugar, en Juan Rey. Mi error fue decir que yo era de Mapiripán. Yo en ningún momento dije que mis hijos estaban muertos“, sostuvo. “Cometí errores y si lo hice fue por necesidad. Me dieron un dinero, hice negocios y como uno es del campo, uno no sabe hacer nada de eso, entonces esa plata se perdió. También me quitaron por un lado y por el otro y ahí lo único que tengo es una casa y un carro que me robaron hace poco” afirmó Mariela Contreras. Este es un caso tipico de CAJAR que compra testigos con el fin de demandar al Estado, encarcelar militares y ganar jugosas indemnizaciones a punta de mentiras y montajes, aprovechando la inocencia e ignorancia de los campesinos de la región.

Otra de las familias que recibió la millonaria indemnización del Estado fueron los Pinzón López. En este caso el Estado, a través del Ministerio de Defensa, les pagó mil 258 millones de pesos, sin embargo la Fiscalía comprobó que una de los integrantes de esta familia, Jaime Riaño Colorado, falleció en 1989.


Eduardo Carreño, del Colectivo Alvear Restrepo, y Carlos Lozano, del partido comunista

No menos escandaloso es el caso de Wilson Molina, otra de las víctimas que debía ser reparada por el Estado, y que apareció con vida, tal como se comprobó en enero de 1999 cuando figuro en unas bases de datos como desplazado en enero de 1999 y el 8 de febrero de 2003, cuando tramitó un duplicado de su cédula. Este ‘muerto’ que resultó vivo recibió 394 millones 600 mil pesos.

La fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, aseguró en audiencia de formulación de cargos a exparamilitares que su equipo visitó la zona de la masacre. “Se recorrió el río Guaviare en 2005 y si se observan las fotografías hay un codo que pudo haber detenido muchos cuerpos si realmente hubieran sido arrojados”.

Además, Prada aseguró que 16 de las 26 víctimas que fueron reconocidas no fueron asesinadas en esos hechos y aún siguen vivas o fueron asesinadas por la guerrilla. Una supuesta víctima vive e hizo parte de la guerrilla, indicó la fiscal.

La Justicia actúa

Sin embargo, al menos otros dos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que en el pasado dirigieron la investigación por la masacre tienen dudas. El fiscal Leonardo Cabana, quien acusó al general del Ejército (r) Jaime Uscátegui Ramírez (condenado a 40 años de prisión) y a un coronel por esa matanza, indicó que “habrá qué ver que pruebas tiene la fiscal para hablar de esa cifra”.

Por esto la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes investigar si hay falsas víctimas de una famosa matanza cometida en 1997 en los Llanos Orientales y que hasta ahora se ha considerado que dejó más de medio centenar de muertos.

Asimismo, la magistrada Teresa Ruiz pidió enviar copias de la investigación, una vez se realice, a la Cancillería para que comunique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, las presuntas irregularidades en la acreditación de víctimas.



Alfredo Molano- Abogado Insigne de Colectivo


Igualmente ordenó pedir a la Procuraduría y a la Contraloría para que investigue posibles anomalías por parte de funcionarios y entidades oficiales, o particulares, que intervinieron en la identificación de víctimas y avalaron los daños y perjuicios ocasionados a éstas.

También solicitó al Ministerio de Defensa que cese los pagos a los afectados por la matanza, atribuida a facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Por último, también decidió que el ministerio de Defensa cese los pagos a los afectados por esta masacre.

Reacciones

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, declaró que está perfectamente claro que hay la comisión de unos delitos y que de parte de quienes hayan estado asesorando a estas pretendidas víctimas pudo haber unas faltas disciplinarias gravísimas para el país.

“Debe iniciarse una acción penal en la Fiscalía contra los responsables y quienes los asesoraron”, aseguró Esguerra, y agregó que “este es uno de los casos que produce tristeza e indignación de colombiano. No hay derecho de que se abuse de la justicia y se asalte de su buena fe a los tribunales internacionales”, dijo.

“Trataron de hacer aparecer un episodio absolutamente lamentable (la masacre) infinitamente más grande de lo que fue solo con el propósito de sacar provecho económico de él y de que por los resquicios que dejan las normas pueda abrirse espacio a la codicia de unas personas y de quienes las han asesorado”, puntualizó.