PERSECUCIÓN CONTRA LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

Carta OIT

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA SANTANDER QUILICHAO (CAUCA)

http://vozdelaraza.blogspot.com/2011/11/comunicado-la-opinion-publica-santander.html

Comunicado a La Opinion Publica Santander Quilichao

COLECTIVO ALVEAR RESTREPO IMPLICADO EN ESCANDALOSO FRAUDE A LA NACIÓN POR 5200 MILLONES DE PESOS

El conocido colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR), que tanto daño le ha hecho a las Fuerzas Militares, esta implicado en un multimillonario fraude al Estado por el caso de Mapiripan – José Alvear Restrepo, fue un dirigente de las guerrillas liberales del Llano de mitad del siglo XX, compañero de Eduardo Franco Isaza y de Guadalupe Salcedo -.

La Fiscalía encontró que las personas asesinadas en la masacre de Mapiripan fueron 10 y no 49 como lo habían documentado CAJAR ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó pagar al Estado colombiano más de 5200 millones de pesos en 1991 por las falsas victimas. Recordemos además que este colectivo también lleva casos en contra de los generales Jesus Armando Arias Cabrales, Rito Alejo del Rio e Iván Ramirez y de los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Hernan Mejia Gutierrez, casos en los cuales se han demostrado falsos testimonios y contradicciones de los testigos de la CAJAR, además de ser parte civil con Ivan Cepeda en la demanda que instauraron contra el presidente Alvaro Uribe en la comisión de acusaciones de la Cámara.

Las supuestas víctimas confiesan

Uno de los casos en los que más se evidencia el fraude propiciado por representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -quienes presionaron a los habitantes de Mapiripan en este caso- es el de Mariela Contreras, quien declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la desaparición y muerte de su esposo y sus dos hijos quienes no habrían perecido en la Masacre de Mapiripán, pero recibieron 1.751 millones de pesos, de los cuales el 30 por ciento le correspondió a los abogados del colectivo.

En este caso, la señora Contreras, quien ayer se presentó en la audiencia de formulación de imputación a ex paramilitares donde se hicieron estas graves revelaciones, se retractó de lo dicho y dijo que uno de sus hijos, Hugo Fernando, estuvo en la guerrilla y se desmovilizó en 2008. Mariela confesó que su esposo fue asesinado por guerrilleros antes de 1997. También contó que Hugo Armando, uno de los hijos que ella creyó desaparecido, realmente estuvo militando desde 1995 hasta el 2008 en la guerrilla. “Una señora me dijo que no fuera boba, que donde yo vivía quedaba en jurisdicción de Mapiripán y me llevó donde un doctor Jaime y a la Corte Interamericana. Ella me dijo que inventara que yo vivía allá, pero yo realmente vivía a siete horas de ese lugar, en Juan Rey. Mi error fue decir que yo era de Mapiripán. Yo en ningún momento dije que mis hijos estaban muertos“, sostuvo. “Cometí errores y si lo hice fue por necesidad. Me dieron un dinero, hice negocios y como uno es del campo, uno no sabe hacer nada de eso, entonces esa plata se perdió. También me quitaron por un lado y por el otro y ahí lo único que tengo es una casa y un carro que me robaron hace poco” afirmó Mariela Contreras. Este es un caso tipico de CAJAR que compra testigos con el fin de demandar al Estado, encarcelar militares y ganar jugosas indemnizaciones a punta de mentiras y montajes, aprovechando la inocencia e ignorancia de los campesinos de la región.

Otra de las familias que recibió la millonaria indemnización del Estado fueron los Pinzón López. En este caso el Estado, a través del Ministerio de Defensa, les pagó mil 258 millones de pesos, sin embargo la Fiscalía comprobó que una de los integrantes de esta familia, Jaime Riaño Colorado, falleció en 1989.

Eduardo Carreño, del Colectivo Alvear Restrepo, y Carlos Lozano, del partido comunista

No menos escandaloso es el caso de Wilson Molina, otra de las víctimas que debía ser reparada por el Estado, y que apareció con vida, tal como se comprobó en enero de 1999 cuando figuro en unas bases de datos como desplazado en enero de 1999 y el 8 de febrero de 2003, cuando tramitó un duplicado de su cédula. Este ‘muerto’ que resultó vivo recibió 394 millones 600 mil pesos.

La fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, aseguró en audiencia de formulación de cargos a exparamilitares que su equipo visitó la zona de la masacre. “Se recorrió el río Guaviare en 2005 y si se observan las fotografías hay un codo que pudo haber detenido muchos cuerpos si realmente hubieran sido arrojados”.

Además, Prada aseguró que 16 de las 26 víctimas que fueron reconocidas no fueron asesinadas en esos hechos y aún siguen vivas o fueron asesinadas por la guerrilla. Una supuesta víctima vive e hizo parte de la guerrilla, indicó la fiscal.

La Justicia actúa

Sin embargo, al menos otros dos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que en el pasado dirigieron la investigación por la masacre tienen dudas. El fiscal Leonardo Cabana, quien acusó al general del Ejército (r) Jaime Uscátegui Ramírez (condenado a 40 años de prisión) y a un coronel por esa matanza, indicó que “habrá qué ver que pruebas tiene la fiscal para hablar de esa cifra”.

Por esto la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes investigar si hay falsas víctimas de una famosa matanza cometida en 1997 en los Llanos Orientales y que hasta ahora se ha considerado que dejó más de medio centenar de muertos.

Asimismo, la magistrada Teresa Ruiz pidió enviar copias de la investigación, una vez se realice, a la Cancillería para que comunique a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, las presuntas irregularidades en la acreditación de víctimas.

Alfredo Molano- Abogado Insigne de Colectivo

Igualmente ordenó pedir a la Procuraduría y a la Contraloría para que investigue posibles anomalías por parte de funcionarios y entidades oficiales, o particulares, que intervinieron en la identificación de víctimas y avalaron los daños y perjuicios ocasionados a éstas.

También solicitó al Ministerio de Defensa que cese los pagos a los afectados por la matanza, atribuida a facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Por último, también decidió que el ministerio de Defensa cese los pagos a los afectados por esta masacre.

Reacciones

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, declaró que está perfectamente claro que hay la comisión de unos delitos y que de parte de quienes hayan estado asesorando a estas pretendidas víctimas pudo haber unas faltas disciplinarias gravísimas para el país.

“Debe iniciarse una acción penal en la Fiscalía contra los responsables y quienes los asesoraron”, aseguró Esguerra, y agregó que “este es uno de los casos que produce tristeza e indignación de colombiano. No hay derecho de que se abuse de la justicia y se asalte de su buena fe a los tribunales internacionales”, dijo.

“Trataron de hacer aparecer un episodio absolutamente lamentable (la masacre) infinitamente más grande de lo que fue solo con el propósito de sacar provecho económico de él y de que por los resquicios que dejan las normas pueda abrirse espacio a la codicia de unas personas y de quienes las han asesorado”, puntualizó.

CONDENAN A "ACTIVISTA DDHH" POR VÍNCULOS CON LAS FARC

CONDENAN A "ACTIVISTA DDHH" POR VÍNCULOS CON LAS FARC

BOGOTA -- Un miembro de una organización defensora de los derechos humanos fue condenado a seis años de cárcel acusado de vínculos con la guerrilla de las FARC, según un documento del tribunal que profirió la sentencia y conocido el miércoles.

La condena es una "persecución contra las organizaciones sociales", reaccionó Alejandro Sierra, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

El juez penal Marcelino Isaza, de un juzgado en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia y a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, profirió la sentencia condenatoria en contra de Wiston Gallego Pamplona por el delito de rebelión por su relación con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una copia de la sentencia obtenida en la jornada por la AP.

Gallego, que permanece prófugo, integra la organización no gubernamental Fundación Sumapaz, defensora de derechos humanos que, a su vez, pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

También se le condenó a pagar en favor del Estado una multa equivalentes a poco más de 29.500 dólares, según el fallo emitido el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con el fallo, en febrero de 2009 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía produjo un informe de inteligencia en el que "se informa de las actividades subversivas que venían desarrollando los miembros del PC3 (o partido comunista clandestino colombiano), manifestando que entre los militantes de esta organización se encontraba el procesado Gallego Pamplona, alias 'El Gordo".

Además, varios ex militantes de las FARC sostuvieron ante las autoridades que vieron a "El Gordo" en reuniones de las milicias urbanas de esa guerrilla en Medellín y en la estatal Universidad de Antioquia, según el fallo.

La condena es una "persecución contra las organizaciones sociales de Medellín en las que el compañero Wiston se ha destacado por su trabajo", dijo en diálogo telefónico Sierra, del grupo Movice, en Antioquia.

Explicó que Gallego fue capturado en junio de 2009, estuvo un año en prisión un año y recuperó la libertad porque se vencieron los tiempos contemplados en la ley para acusarlo.

Consideró la sentencia contra Gallego como injusta porque dijo que la Fiscalía presentó contra él informes de inteligencia "llenos de inconsistencias" y, en parte, provenientes de una brigada del Ejército con sede en Medellín.

En tanto, el jurista Jaime Restrepo, abogado de dos personas que se acreditaron en el proceso como parte civil o víctimas de amenazas y lesiones personales por parte del PC3, dijo telefónicamente que "es un fallo histórico porque es la primera vez, según la información que tengo, que se condena a un integrante del PC3".

Read more: http://www.elnuevoherald.com/2011/09/14/1024788/condenan-a-activista-ddhh-por.html#ixzz1YDo5Lx3i

LAS NARCOGUERRILLAS ANUNCIAN QUE NO SE DESMOVILIZARAN

Por http://colombiaopina.wordpress.com/2011/08/30/las-narcoguerrillas-anuncian-que-no-se-desmovilizaran/

El ELN anunció que no aceptar la petición del presidente Santos para desmovilizarse y poder iniciar acercamientos que permitan el diálogo y la negociación hacia la paz. Recurriendo al mismo discurso obsoleto que esgrimen desde 1964, los elenos anunciaron que consideran un imposible la desmovilización y el desarme de las fuerzas narcoguerrilleras.

Los terroristas señalan que la propuesta del gobierno para que hagan dejación de las armas y no cometan más crímenes de lesa humanidad, es una “estrategia tramposa que quiere imponer, sin dar señas de los cambios que el país requiere, por los que lucha la guerrilla y el pueblo”[1]; cuando las narcoguerrillas hablan de cambios indican que es el Estado quien debe claudicar y aceptar sus imposiciones, aunque se encuentren derrotadas militarmente.

“Con el gobierno de Santos la posibilidad de la paz está atrancada y lejano el horizonte”, puntualizó el ELN, que reivindicó su disposición y la de las FARC para “avanzar hacia la paz real, que es la aspiración del pueblo”. “Los diálogos se convirtieron en una mesa destartalada de sordos, donde no se avanza porque se parte de conceptos y propósitos totalmente opuestos sobre la paz”, advirtió la misma narcoguerrilla[2].

Esta es la respuesta que el ELN da a la epístola de Piedad Córdoba en la que los invita a unificarse con las Farc para afrontar un proceso que conduzca al diálogo y la negociación; es un nuevo portazo que las narcoguerrillas dan en las narices de los apaciguadores que presionan por un diálogo sin razones y sin condiciones, es la respuesta que le dan a Francisco Galán quien le dijo a sus antiguos comandantes en carta del 5 de agosto de 2011, que “Hoy yo no creo que sea posible un proceso de paz, si no se toma primero la decisión interna por parte de la guerrilla de abandonar la guerra y buscar las formas de terminar bien el conflicto ¿Por qué? Por varias razones: ha variado la correlación de fuerzas a favor del estado, la guerrilla ha perdido legitimidad ante el pueblo colombiano, la gente está hastiada de la guerra y pide a gritos que cese el fuego y se abran las puertas a la democracia real, las armas son un estorbo para la democracia y el continente suramericano camina a la unidad de naciones y la paz”.

Sin duda alguna la respuesta del ELN a los deseos de paz de los colombianos es una muestra de una soberbia ciega que los deslegitima aún más en el concierto nacional y mundial, impidiendo cualquier apreciación de ese grupo terrorista como parte de un proceso de paz.

Cobra plena validez la propuesta que les hace Francisco Galán en la misiva citada: No propongan ningún proceso de paz, sino están preparados para abandonar la guerra, sino han tomado ya una decisión colectiva como organización de buscar el final del conflicto, el país no aguanta más fracasos en materia de paz. Es evidente que la respuesta del COCE indica que ese grupo criminal no tiene ninguna intención de abandonar la guerra contra el pueblo colombiano y disfraza esa decisión en el ambiguo y obsoleto discurso sobre las oligarquías, los imperialismos, que malgastó el comunismo en el siglo pasado y que quiere ser recogido por el neocomunismo vestido de socialismo del siglo XXI o bolivarianismo.

Con cinismo absoluto el cabecilla Antonio García, a través de la cadena Caracol había señalado desde abril de 2006, que “El ELN no considera viable la posibilidad de entregar las armas a través de un proceso similar al que se realizó con las Autodefensas, porque considera que la Ley de Justicia y Paz genera impunidad y no contempla de manera seria la reparación a las víctimas”[3]. No cabe duda entonces que los narcoterroristas siempre tendrán una excusa a mano para justificar la continuidad de su empresa criminal.

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1.REVISTA SEMANA. ELN ve imposible desmovilización y desarme para diálogo de paz. Agosto 30 de 2011. En: http://www.semana.com/nacion/eln-imposible-desmovilizacion-desarme-para-dialogo-paz/163255-3.aspx

2.Ibíd.

3.CARACOL RADIO. El Eln no se desmovilizará bajo la legislación actual. En: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=277075

COLOMBIA PIDE PERDÓN POR ALGO QUE NO COMETIÓ

Por Eduardo Mackenzie

París, agosto 18 de 2011

Hay algo de indecente en el “perdón” pedido, en nombre del Estado colombiano, por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Tras las sucintas informaciones publicadas por dos diarios acerca del acto en un salón del Capitolio nacional, se instaló un gran silencio. Es como si todos hubiéramos aceptado que ese pedido de “perdón” es legítimo y que los hechos sobre los cuales éste descansa son muy claros.

 

Pero esa no es la situación.

El ministro Vargas Lleras acató una sentencia de la CIDH que, acogiendo las pretensiones desproporcionadas de la familia de Cepeda Vargas, obliga al Estado colombiano a someterse a esa ignominia. Nada más legítimo que la familia del senador comunista asesinado pida justicia y reparación. Sin embargo, Iván Cepeda, el hijo del muerto, se ha embarcado en una operación de largo aliento que va más allá de eso. El quiere culpar de ese crimen al Estado Colombiano y obligarlo a que acepte semejante acusación, como si ésta no fuera falsa, y que soporte una serie de humillaciones.

Lo ocurrido en el Capitolio el 8 de agosto pasado es una claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos ante una de las operaciones de deslegitimación del Estado colombiano más vastas que el país haya conocido. Es cierto que ese tribunal extranjero falló de esa manera. Ello no quiere decir que esa sentencia sea irreprochable, justa e imparcial. Es, por el contrario, una sentencia que debe ser cuestionada. Por una razón fundamental: la CIDH fue incapaz de reconocer los hechos del asunto, sobre todo el punto principal: que ese asesinato no fue urdido, ni ordenado, ni dirigido, ni auspiciado, ni ocultado por el Estado ni por el gobierno colombiano. Esa sentencia pretende, además, rehacer la historia de la subversión en Colombia. Ella escamotea la terrible agresión que sufría Colombia por parte de las FARC y de los carteles de la droga en ese momento y la guerra entre las FARC y los paramilitares. Esa sentencia pretende convertir a Manuel Cepeda Vargas, un agente subversivo violento, en un paladín “de la democracia”. Ese texto contradice incluso la historia de las FARC y del PCC al negar que entre la UP y las FARC haya lazos, al negar que los haya habido entre el PCC y las FARC. Esa sentencia es un acto de negacionismo histórico inadmisible.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado por paramilitares autónomos pagados por Héctor Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño Gil, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos sargentos del Ejército hicieron parte del comando que asesinó a Cepeda, eso es cierto, pero tales individuos estaban bajo órdenes de los paramilitares que organizaron y pagaron la emboscada.

La sentencia admite que Fabio de Jesús Usme Ramírez, alias el “Candelillo”, y Edilson de Jesús Jiménez, alias el “Ñato”, “habrían sido contratados por el señor Castaño Gil para dar muerte al senador Cepeda”; que la persona que conducía el automóvil desde donde se le disparó a Cepeda “habría sido un paramilitar llamado Pionono Franco Bedoya, quien habría muerto en octubre de 1994”. La sentencia agrega que la Fiscalía señaló que Víctor Alcides Giraldo, alias “Tocayo”, se encontraba vinculado al proceso por haber participado en la coordinación de los sicarios que ejecutaron a Cepeda, y que Giraldo había muerto durante las investigaciones, “poco después de fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Bellavista en 1995”.

Por su parte, el diario El Tiempo de 12 de junio de 2001 reveló que de una cuenta bancaria de Héctor Castaño Gil “salió el dinero para pagarle a Fabio Usme”. El artículo agrega: “Esta cuenta, cuatro meses más tarde, sirvió para pagar los gastos funerarios de “Candelillo”, asesinado en Mutatá (Antioquia). El sicario fue sepultado el 16 de diciembre de 1994 en el cementerio Jardines de la Fe de Bello, con otro nombre”. En marzo de 2009, la Fiscalía dictó auto de detención preventiva a Edilson Jiménez Ramírez, por el atentado contra Cepeda Vargas.

En el libro Mi Confesión, de Mauricio Aranguren Molina, publicado en febrero 2001, donde el autor recoge las declaraciones de Carlos Castaño Gil, éste dice que él dirigió “el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas” y que él ordenó “su muerte como respuesta a un asesinato que perpetró (sic) las FARC, fuera de combate”. La Procuraduría siempre afirmó que Carlos Castaño Gil había ordenado a “Candelillo” y al “Ñato” intervenir en el ataque mortal contra Cepeda.

Iván Cepeda, y el colectivo de abogados que lo apoya, nunca hicieron la distinción entre un sargento que por compromiso con delincuentes comete un crimen y un sargento que bajo órdenes de su jerarquía comete un crimen. Esa distinción es esencial para conocer la verdadera naturaleza del atentado contra Cepeda Vargas. La responsabilidad o no del Estado colombiano depende de esa distinción.

Iván Cepeda no la hace. La CIDH no la hace. El Partido Comunista, del cual Manuel Cepeda era dirigente, no la hace. A ninguno de ellos les interesa que la ciudadanía sepa qué ocurrió el 9 de agosto de 1994. Les interesa, por el contrario, hacer creer que el Estado y el gobierno ordenaron ese atentado. Ello es falso. Ningún tribunal colombiano ha comprobado tal cosa. La misma CIDH fue incapaz de probar eso. En cambio, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia comprobaron que grupos paramilitares urdieron y realizaron ese asesinato. Iván Cepeda se aprovechó del hecho de que dos sargentos estuvieron en el atentado: los suboficiales del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Medina pertenecía al batallón Tenerife de Neiva y Zúñiga al Batallón Los Panches, también de la capital del Huila. Nadie ha establecido que sus jefes jerárquicos les hayan dado la orden de asesinar a Manuel Cepeda Vargas.

Iván Cepeda es impreciso cuando habla de los autores intelectuales del atentado. Pues sabe que éstos también fueron paramilitares conocidos, y no el gobierno, ni los mandos militares. Pero esa versión, la llamada verdad procesal, no le sirve a Iván Cepeda. El quiere otra cosa. El se empeña en utilizar una amalgama odiosa pero burda: que su padre fue asesinado “por funcionarios públicos”, o por “agentes estatales”. El y la CIDH pretenden hacernos tragar esta culebra: como había “agentes estatales” en la escena del crimen, ese crimen fue “ordenado” por el Estado, o “desde el Estado mismo”, como dice, en fórmula aún más ambigua, el magistrado que dictó la sentencia. Todo ello es inconsistente, si no falso. Los soldados Medina y Gil actuaron por su cuenta, como sicarios de paramilitares que eran, no por cuenta de su jerarquía, ni como “funcionarios públicos”. Iván Cepeda, quien trajina con ese tema desde diciembre de 1993, no ha podido probar lo contrario. La jerarquía militar cuando supo que Medina y Gil habían sido acusados de haber participado en ese crimen los entregó a la justicia. Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador fueron capturados, juzgados y condenados a prisión por haber jugado un papel activo como autores materiales en ese asesinato.

En lugar de distinguir, Iván Cepeda confunde. Iván Cepeda logró hacerle creer al CIDH que la muerte de su padre se produjo en un “operativo mixto, de militares y paramilitares”. No obstante, cuando los citados sargentos obraron en ese comando lo hicieron como pistoleros al servicio de paramilitares, no como soldados de Colombia. La teoría del “operativo mixto” no tiene sentido si no se prueba antes que las fuerzas militares ordenaron a los dos sargentos cometer ese asesinato. ¿Eso ha sido probado? ¿Por quién?

Invito a los lectores a buscar en la sentencia la menor prueba de la teoría del “operativo mixto”:http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=338

Basada únicamente en las conjeturas de Iván Cepeda, la CIDH sugiere que el coronel Rodolfo Herrera Luna les pagó a esos sargentos por el asesinato de Cepeda. Sin embargo, esa gravísima acusación nunca fue probada por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, ni por la CIDH. Si la Fiscalía tenía “indicios” de eso, como afirma Iván Cepeda, ¿por qué no lo llamó a declarar? ¿Por qué fue revivido ese tema sólo después de la muerte en 1997 del coronel Herrera? La CIDH no lo dice. ¿Por qué esa sentencia evita toda precisión sobre la trayectoria personal y militar del coronel Herrera Luna? ¿No es acaso una pieza fundamental de su argumentación?

El paramilitar “Don Berna” acusó ulteriormente a Miguel Narváez, ex director del DAS, de haber “instigado” la muerte de Cepeda Vargas. Pero el “testimonio” de “Don Berna” es de tercera mano e inverificable: él dice basarse en la conversación con un muerto (“me enteré por boca del comandante Castaño”).

Estamos pues ante afirmaciones gratuitas y suposiciones contradictorias que la CIDH fue incapaz de transformar en evidencias, en pruebas irrefutables.

Si Iván Cepeda tuviera razón en cuanto a que los superiores de los dos sargentos impulsaron ese crimen habría una serie de oficiales y hasta un ministro de Defensa detenidos. El presidente de la República de la época (Ernesto Samper Pizano), o el presidente anterior (César Gaviria Trujillo), habrían sido llamados a declarar, por lo menos, pues Iván Cepeda habla de “crimen de Estado”. Pero ese no es el caso. ¿Por qué?

Sobre bases tan endebles la CIDH se atrevió a condenar al Estado colombiano “por acción y omisión” en el asesinato de Cepeda Vargas, e insiste en infligirle una serie de humillaciones, como lo del pedido de “perdón público”, entre otras. Aún más vergonzoso es que el gobierno colombiano, quien tuvo que haber leído la sentencia del 26 de mayo de 2010, y visto su carácter improbable, haya capitulado ante tales audacias y aceptado ser humillado.

El PCC no ha podido negar hasta hoy que Manuel Cepeda Vargas fue durante años el elemento que conectaba la cúspide del PCC con la dirección de las FARC, y viceversa, y a las FARC con la dirección cubana. Es decir, órdenes y planes de esas tres entidades pasaron por sus manos, con su aprobación. ¿Cuántos colombianos murieron por decisiones que él tomó? Manuel Cepeda Vargas no era un senador como los otros senadores. El tenía sangre en las manos. ¿Por qué las FARC le rinden tributo a Manuel Cepeda Vargas al darle ese nombre a uno de sus frentes más bestiales, el que secuestró a los diputados del Valle, entre otras fechorías? ¿Por sus bellos discursos?

Manuel Cepeda era un senador de la UP. Este no era un partido como los demás. La UP fue una creación de las FARC. La UP era el brazo político de una organización terrorista. Algo que ninguna democracia permite. La UP, dice el PCC, fue el producto de una “tregua” entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Dudoso. Esa tregua fue violada por las FARC desde el primer día: al mismo tiempo que creaban la UP, las FARC forjaban la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Las FARC enviaron varios de sus cuadros a “abrir una actividad política”. Era gente que había cometido atrocidades. Ese fue el caso, por ejemplo, de Braulio Herrera. Después de su periodo como dirigente de la UP, y de sus giras legales por el país y por Europa (con dineros del Parlamento colombiano), y de ser elegido representante a la Cámara, volvió al monte y allí masacró a un grupo de sus propios guerrilleros. Hoy no se sabe qué hicieron las FARC con él. Ese era un jefe de la UP, como Cepeda Vargas. Otro elegido de la UP, fue Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, alto jefe de las FARC. En la serie de atentados que sufrieran muchos miembros de la UP intervinieron varios actores: el cartel de Medellín y los paramilitares, sobre todo, y las venganzas personales de civiles, policías y militares que actuaban por su cuenta, y hasta las Farc y sus disidencias. ¿Hemos olvidado quien atentó contra Hernando Hurtado, otro alto jefe del PCC? La CIDH niega todo eso e intenta mostrar al Estado colombiano como el responsable de las muertes de la UP.

Cepeda Vargas fue asesinado por sicarios bajo órdenes de paramilitares. Entre los sicarios había dos militares. Pero esos militares no participaron en ese asesinato cumpliendo órdenes del Estado, ni del Gobierno, ni de las fuerzas armadas. Por eso no se puede decir que fue un “crimen de Estado”, como Iván Cepeda trata de hacer creer. Esa es la distinción que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debería haber hecho y no hizo.

Esa distinción es un punto decisivo. Decisivo para el honor de Colombia, de sus autoridades y de su ciudadanía. El pedido de “perdón” del ministro Vargas es un grave error, es una infamia contra Colombia, un insulto a todas las víctimas de las FARC y de los otros aparatos terroristas que esa banda creó.

Cepeda Vargas era un senador, pero era, al mismo tiempo, un hombre violento. El quería imponer por la fuerza un escenario: la destrucción de la democracia y la conformación de una dictadura “proletaria” en Colombia. Era un partidario de la combinación de todas las formas de lucha, es decir de la guerra prolongada, abierta y clandestina, contra los colombianos. Fue un violento que marginó a los elementos de su propio partido que se apartaban de esa vía. El murió a manos de otros violentos. El no merece que le erijan monumentos, ni merece que sea mostrado como un “ejemplo” para los periodistas, como pretende su familia.

Es probable que el Estado colombiano se haya defendido mal en ese largo pleito. Eso no lo transforma en el asesino de Cepeda Vargas. En la sentencia del 26 de mayo de 2010 se lee que, el 4 de julio de 2009, el Estado colombiano alegó (pero sin ser escuchado), que “no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor Manuel Cepeda Vargas; que no se probó la existencia del presunto ‘plan golpe de gracia’; que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP ‘en cabeza del Estado’”. Además, alegó que “no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22 de la Convención Americana” (libertad de asociación, de circulación y residencia). La CIDH rechazó los argumentos de la defensa y acogió sin discernimiento las pretensiones de la parte adversa. Eso explica por qué ese adefesio judicial es y será objeto de vivas controversias. Esa sentencia es una muestra más de la politización de esa Corte.

GLOSAS A LA CARTA QUE MEDOFILO MEDINA DEL PC,

GLOSAS A LA CARTA QUE MEDOFILO MEDINA DEL PC, ENVIA A LAS FARC (http://bit.ly/ovTyVY)

El autor de la carta de asesoría dice que conoció al jefe de las Farc en la Juco. Confesión de que la Juco es el aparato reclutador por excelencia de las Farc, como también lo declaró alias Karina y muchos otros desmovilizados. La Juco, juventud comunista, pese a ser un órgano del Partido comunista, goza de protección frente al llamado estado de derecho que no le sanciona este doble juego tramposo con la democracia y les permite seguir con sus banderas en escenarios políticos y electorales orondamente, gozando de inexplicable inmunidad e impunidad

Se preocupa por la documentación histórica de las Farc y le pregunta a Cano si se ha preservado. ¿Se entiende que le preocupa si se ha puesto a buen recaudo, entre sus pares, para evitar que caiga en manos del ejército y se devele su contenido criminal y sus apoyos ocultos entre académicos y políticos?

Recuerda que Iván Márquez fue congresista por la UP y que con el “habían compartido afanes en la lucha estudiantil” ¿Qué significa “afanes en la lucha estudiantil. Acaso acciones violentas y de terrorismo contra fuerza pública y entidades del gobierno, o quizá contra contradictores indefensos? Porque no les creo que sus “afanes en la lucha estudiantil” se hayan debido a dificultades económicas para pagar sus semestres en la Universidad Nacional.

Le recuerda a Cano que ellos, las cúpulas de las Farc, fueron estudiantes y dirigentes urbanos antes de irse a las Farc, con lo cual queda en claro que la cúpula comunista de las Farc no es campesina, sino brotada de las entrañas del Partido en la ciudad y preparada en la URSS, como todos los del PC que pasaron a las Farc.

Dice el autor que:”La segunda razón para esta carta es que he pensado hace mucho sobre la necesidad que objetivamente tendría el ciudadano corriente de conocer la argumentación de las Farc, y de sopesar tanto su visión del país actual como sus propuestas hacia el futuro”. Esto no es más que una evidente propuesta de propaganda política. Esta epístola es una asesoría de imagen política para las Farc. Propone incoar una campaña de imagen abierta en los medios de comunicación haciendo pública su propaganda engañosa y contando con el apoyo semántico y político de sus interlocutores epistolares unidos por el cordón umbilical del partido comunista. Eso seria atentatorio contra la Constitución y el código penal, pero más que eso contra la razón y la sindéresis del gobernante en quien recaen las responsabilidades políticas por permitir que la imagen del grupo terrorista de las Farc se vea mejorada en la opinión nacional e internacional gracias a una campaña tan descarada como la propuesta y promovida por este comunista, promoviendo un “Intercambio dialectico” con Cano, dando a entender, que esta carta es la iniciación del proyecto de propaganda político que el Partido comunista, con ayuda de unos medios de comunicación, ha diseñado para levantar la imagen de la Farc.

Llama la atención a las Farc para que acompañen la ley de víctimas y de tierras y para que intervenga con sus armas en contra de los propietarios de tierras y empresarios agrícolas que defiendan sus derechos a la propiedad frente a los llamados “recuperadores de tierras”, que ni son recuperadores, porque no prueban haber sido anteriores propietarios de los predios asaltados o reclamados, ni son inocentes campesinos, porque están rodeados y protegidos y promovidos por toda una fuerza de ong´s nacionales e internacionales y por el movimiento izquierdista nacional, y en seguida da rienda suelta a la justificación de la violencia armada en Colombia por parte del Partido comunista y sus brazos armados.

Exclama que “la lucha armada en Colombia (...) fue la respuesta popular a la violencia de latifundistas y ganaderos amparados por un régimen político antidemocrático y excluyente” Configurando el primer mito, el de las causas del conflicto armado, que deja sentado solo con su afirmación. Recuerda que “en Chaparral, el Partido Socialista Democrático (denominación temporal del Partido Comunista) había tenido ya dos concejales campesinos, uno de ellos el legendario Isauro Yossa”. Dejándonos observar que los nombres de esos partidos políticos de entonces, que antes negaban como comunistas, ahora sí reclaman y aceptan como su estrategia para engañar electores y opinión pública.

Hace referencia a la respuesta armada que los liberales en el Tolima, por fuerza de la necesitad se vieron obligados a ejercer en su defensa frente a las organizaciones armadas comunistas de Jacobo Prias Alape, no sin dejar sentado otro mito comunista: Que la reacción de la defensa agrava la violencia. De manera que la autodefensa de los liberales frente a la violencia de las organizaciones armadas del Partido Comunista, agravó la violencia. Claro porque en su sentir la violencia se agrava cuando las víctimas del comunismo se defienden.

Para referirse a las Repúblicas independientes que el Partido Comunista montó en Marquetalia, Riochiquito, Pato y Viotá, cita a Pierre Gilhodés quien, dice, “escribió que entre 1964 y 1965 el Ejército colombiano "se inventó un enemigo", dado que previamente no había una actividad militar en esa avanzada de la colonización” Sobre este tema están los discursos de Álvaro Gómez en el Congreso y la documentación presentada entonces y publicada en los diarios de circulación nacional. Así que desconocer la verdad de lo que ocurría en su llamada Marquetalia, no le resta veracidad a lo que era como foco de formación de cuadros militares del partido comunista llamados Farc, como tampoco le quita su responsabilidad en toda la violencia ocurrida años antes en el sur del Tolima y regiones como el Sumapaz y el Tequendama en Cundinamarca. Ahora es más fácil asegurar su infundio, porque el asesinato aleve de Álvaro Gómez Hurtado se lo permite asegurar en la confianza de que su contradictor no puede hablar.

“Luego una decisión de los colonos llevó a convertir las autodefensas en guerrillas” Ojalá unos simples colonos pudieran tomar decisiones tan importantes en el núcleo del Partido Comunista, a menos que se esté ocultando, tras ese inocente calificativo, a personajes reconocidos en la historia del PC. Aún la historia recuerda a los primeros “recuperadores de tierras” o “colonos” como: Prias Alape, Tirofijo, Jacobo Arenas, Cano y el combo del EPL, quienes nunca demostraron que sus propiedades eran bien habidas, a cuyas víctimas y sus descendientes se les excluyó, en la ley de víctimas, de poder reclamar las que sí expropiaron de hecho estos grupos comunistas armados mediante la violencia y el exterminio de liberales

Si bien el autor reconoce que en 1966 el X Congreso del Partido Comunista adoptó la política de combinación de todas las formas de lucha como su teoría y su práctica, oculta que esa doctrina era ampliamente recomendada por todos los teóricos comunistas de la guerra irregular. Sin embargo, debe tenerse como confesión de responsabilidad con los crímenes de las Farc, por parte del Partido Comunista, como determinador de esa organización armada ilegal.

Eso de que el “presidente Turbay Ayala y el ministro de Defensa, general Camacho Leiva, desarrollaron entonces una ofensiva brutal y desinstitucionalizada en defensa de las instituciones” produce hilaridad proviniendo de quien proviene. ¿Defensa brutal? Y es que la agresión comunista no era y sigue siendo brutal Y lo de “desinstitucionalizada” hay que mirarlo con lupa, porque fue totalmente acorde con el marco constitucional y jurídico del momento. ¿No es su adalid de demócrata, el Che Guevara, quien les enseñó aquello de que para ustedes, los revolucionarios comunistas, su “misión no consiste en dar garantías procesales a nadie, sino en hacer la revolución? No las dan pero si las reclaman. Y luego salen con indultos y amnistías. Qué cómodo hacer la revolución comunista y qué difícil defender las libertades en Colombia.

Le hace pobre favor a la verdad, decir que la violencia contra la UP provino de alianzas entre latifundistas, militares y narcos, pretendiendo ocultar que el narcotráfico es una estrategia subversiva de su brazo armado y de su Partido Comunista, quienes siempre han sido opositores a la extradición de narcos a USA. Cuando hablen del narcotráfico deben recordar, entre otras cosas, que el Partido Comunista aparece registrado como beneficiario de los dineros del Cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper y la declarada amistad de Pablo Escobar con sus estructuras y cuadros, como lo declaró a. Popeye. El 8.000 también es del Partido Comunista. Sin embargo reconoce que la UP combinaba todas las formas de lucha no excluyéndose del conflicto armado, con lo cual confiesa un hecho denunciado múltiples veces por campesinos, concejales y alcaldes en las diferentes regiones.

Este mito de la UP, lo han ido construyendo gracias a la falta de debate que nunca se le ha hecho al mismo, o gracias al debate privado y silenciosos que han tenido con los organismos de investigación judicial, en donde quedan en evidencia que muchos de sus muertos enlistados no lo fueron como causa del conflicto ni por razones políticas, y que hay miles de denuncias que señalaron en aquellas épocas, que sus militantes regionales nunca se excluyeron de la participación en el conflicto armado, como usted mismo lo reconoce con aquello de que la UP aplicaba la combinación de las formas de lucha. Así que cuando reconstruyamos la memoria histórica que han querido hacer excluyentemente gracias a gobiernos que les han facilitado esta labor en contra de los derechos de las víctimas del comunismo, cuando llegue ese momento, será muy provechoso sacar las cuentas de sus muertos comparados con los muertos que la UP y el partido comunista provocaron en las regiones en toldas de otros partidos. Cosas como estas seguramente fueron las que nos excluyeron de la comisión nacional de reparación y su comisión de la verdad, y ahora que lo recuerdo, el expresidente Uribe, inexplicablemente, le entregó a la universidad nacional el levantamiento de la memoria histórica. Entonces los hijos de nuestros hijos terminaran glorificando a los asesinos de sus abuelos.

Reconoce que Juan de la Cruz Varela nace de la misma “matriz política de las Farc”. O sea del Partico comunista. Con lo cual el Partido se hace responsable de los crímenes cometidos por este individuo y su grupo armado, como lo saben todos los habitantes de esas regiones tan azotadas por estas cuadrillas criminales del Partido comunista y que, inexplicablemente, quedaron excluidas en la ley de víctimas.

Acusa al Gr Rojas Pinilla de haberlos perseguido en el Sumapaz, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario. Rojas Pinilla y su dictadura, envió a la cárcel a los dirigentes liberales de la resistencia anticomunista del Tolima. Esas son las matrices que explican que el Partido comunista haya sido y sea aliado del nieto del dictador en sus causas políticas, ¿o es que el Comité Central con Romero y su esposa, Clara López, descendiente del expresidente Alonso López,-quien apoyó a Varela-, no saben esto? ¿Y tampoco conocerán quienes fueron los mandos militares y civiles que ordenaron al ejercito en enero de 1960 en Gaitania atravesársele intimidatoriamente y detener a los liberales, que en armas, luego de una semana de combates, perseguían a la cuadrilla de Tirofijo rumbo a Marquetalia, con lo que salvaron la vida de esta cuadrilla comunista que hoy conocemos como FARC?

Este forajido comunista, Varela, astutamente asesorado por el Partido para legalizarse mientras que su cuadrilla en el Sumapaz seguía aniquilando la resistencia liberal, fue apoyado por Alfonso López y su MRL, quien lo incluyó en su lista al Congreso, pese a ser militante del partido comunista, en ejercicio de una buena treta para jugársela doble a la democracia y posar de lo que nunca son los comunistas: de demócratas.

Ahora, sobre la sangre de cientos de inocentes sacrificados por este comunista, entre ellos sus cuatro hermanos liberales en Mesetas, Meta, nos tratan de montar un mito sobre el criminal del Sumapaz, Juan de la Cruz Varela, quien ni siquiera era oriundo de esas tierras como para llamarse “recuperador de tierras”, y por el contrario había nacido en Boyacá. Sobre los cientos de cadáver y victimas suyas, tratan de construirnos el mito de un Varela leído, intelectual, autodidacta, intérprete de Rousseau y los enciclopedistas, cuando en realidad era incapaz de pronunciar discurso por su incultura que, como a Medofilo y sus biógrafos, solo los encumbran sus áulicos de la plataforma seudointelectual del comunismo. Están construyendo un Varela para engañar a las nuevas generaciones, y ocultar sus crímenes y los de su Partido comunista.

Vuelve sobre otro mito: El de las causas objetivas de la guerra. A lo que debemos puntualizar lo siguiente: Razones objetivas es lo que nunca han tenido estos movimientos comunistas en armas. Lo que sí han tenido es objetivos en sus acciones violentas. Es innegable, y este lo oculta de mala fe, pero con obstinada estupidez por tratarse de una verdad conocida por muchos sectores académicos internacionales y nacionales, que los movimientos comunistas armados obedecieron a una estrategia internacional de la URSS y China, quienes instruyeron y apoyaron con armas, entrenamiento y finanzas a estos grupos armados comunistas en América Latina y otras partes del mundo. Por esa razón menciona que se encontró con Joaquín Gómez preparándose en Moscú. Eso está plenamente documentado. Así que exponer este mito sobre las razones del originen de los grupos guerrilleros comunistas en Colombia y América latina es estar muy senil o muy desvergonzado, quedando plenamente en evidencia que esta estrategia epistolar, no es más que una nueva campaña de propaganda para reeditar las causas de la agresión comunista y justificar su violencia y criminalidad a ojos de las nuevas generaciones tan despistadas en colegios y universidades por esta clase de profesores. Esa organización armada de Varela con sede en el Duda, arriba de Cabrera, en el paramo de Sumapaz, se conoce como uno de los bastiones de las Farc, en cuyo medio se monta “Casa Verde”, y Jojoy, antiguo subalterno de Varela, lo hace su campamento hasta su muerte.

También utiliza otro mito: El que la pobreza genera el levantamiento comunista guerrillero. Hay que decir que nunca la pobreza ha generado levantamientos comunistas, y es por el contrario, el comunismo y sus acciones vandálicas y criminales quienes generan pobreza al asesinar, secuestrar y extorsionar al empresario generador de empleo. Ahora, si la pobreza ellos la achacan a los malos gobiernos, no hemos visto el asesinato de ningún presidente, ni el sistemático acoso armado contra los altos dignatarios estatales, y por el contrario, su acción armada se dirige selectivamente contra el indefenso productor agropecuario, contra el pequeño comerciante en las regiones; contra el campesino que no se pliega a sus designios armados y políticos y al que no les entrega mansamente a sus hijos e hijas. En fin, este es otro mito comunista con el que tratan de justificar su acción genocida y criminal contra el pueblo colombiano. Hay que ver la forma como la URSS y China casi acaban con los pobres, al asesinar sistemáticamente a mas de 100 millones de ellos en esos países sometidos a esta tropelía comunista. Cuba es un buen ejemplo de cómo el supuesto comunismo reivindicador de los pobres, acaba con ellos. Este mito de que las guerrillas comunistas y el comunismo en sí, son los luchadores de los pueblos, contiene una insolvencia histórica monumental, que no tendría peligro, de no ser porque se siembra en los colegios y las universidades públicas y privadas por parte de cuadros comunistas reconocidos o soterrados, como el autor de esta propaganda profarc.

Es escandaloso oír hablar a los comunistas de ética. Precisamente ellos cuyo ideario y sus realizaciones en el mundo están compuestos de miles de hechos que atropellan el mínimo concepto de la ética y el respeto por el género humano, siguiendo la máxima leninista de que todo lo que beneficia a la revolución es moral, y todo lo que se le opone es inmoral.

Que haya pobres que apoyen la acción criminal de las Farc en el entendido de que así castigaran a los que tienen más, es posible. Como posible es que haya gente que justifica el exterminio de millones de seres humanos por el reinado de una ideología materialista. Pero lo que sostiene el comunismo como fuerza ideológica, no son sus exiguas bases de pobres, que no son tan brutos para comérseles su mesiánico cuento; sino sus cuadros del estrato alto e idiotas útiles e inútiles, bien ubicados y acaudalados, con buenos contratos, manejadores de opinión y deformadores en la educación nacional en todos sus niveles. Es a este selecto grupo de mamertos de buen vivir, de gustos de altos costos, a los que el partido y su ideología deben su fuerza en la toma de decisiones y en los mitos de la historia colombiana. Esta cúpula comunista clandestina es el cerebro y el autor mediato de la criminalidad canalla de sus brazos armados contra el pueblo colombiano.

Dice la misiva a las Farc que “Por otra parte no sería posible que el movimiento guerrillero acepte poner fin al conflicto interno mediante el trámite de una simple reinserción” Es evidente mensaje de asesoría para que no se acepte poner fin a esta violencia asesina de las Farc mediante un plan de reinserción no más. No señor, este mensaje reclama que las Farc vayan más allá en sus reclamaciones. Hay cosas que por más que se quiera ocultar, el lenguaje no lo permite. La salida negociada del conflicto, dice este consejero, debe crear las condiciones políticas que les permitan a los comunistas imponer su ideología como forma de gobierno en Colombia. Creo que esto no necesita mayor explicación.

Que cinismo incitar a las Farc a que sean más activas contra los Estados Unidos en su intromisión en asuntos de la seguridad nacional y su apoyo a la defensa nacional. Y qué desagradecidos estos comunistas con el imperio del Norte, país que les ha dado asilo a muchos miembros del comunismo criollo y que ha condenado por supuestas violador de DDHH –mire quienes lo dicen - a las FF.MM. colombianas, gracias a informes de ong´s enemigas del ejército y afines ideológicas al movimiento comunista. Estos mamertos criollos son sorprendentes. Aun recuerdo la caratula a color que su periódico, Voz, del partido comunista, le dio al entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, porque había ayudado a señalar a la Br XX como autora del asesinato de Álvaro Gómez, lo que resultó falso en el juicio y sin embargo ni uno ni otros han rectificado su sindicación pública y calumniosa. Ya decía el expresidente Richard Nixon: “todo lo que se le de al comunismo es poco, y todo lo que se le niegue es motivo de guerra”

Pone como ejemplo la desmovilización del M-19 y su éxito electoral. A lo que se debe aclarar que la desmovilización del M-19, cuyo pacto se ha mantenido oculto, no hubiese alcanzado los niveles de popularidad y apoyo mediático que tuvo, si no hubiese contado con todo el apoyo político, económico y el andamiaje estatal para la propaganda a su favor, elevando la imagen de sus cabecillas y enalteciéndola con una bien pensada campaña de propaganda y limpieza de la imagen, sin olvidar el apoyo invaluable de la prevaricadora Corte Suprema de entonces que violando la Constitución nacional les apoyó la Asamblea constituyente de 1991, pasando de criminales que nunca cumplieron con la verdad, ni la justicia y menos la reparación de sus víctimas, a constructores de ordenamientos constitucionales. El M-19 con su lenguaje melifluo, gracias a su penetración en altas esferas sociales y políticas, ha logrado mantener niveles de popularidad, verdaderamente inexplicables para un juicioso observador.

Sobre el narcotráfico de las Farc dice que “la relación de las Farc con los negocios de la droga, dados en especial los altos costos de la guerra en Colombia” Y así se justifica la participación de las Farc en el narcotráfico, dándoles de paso la respuesta: los altos costos de la guerra.

No es la guerra prolongada lo que “descompone” a los guerrilleros. La descomposición de las guerrillas se encuentra en su ideología, en la ideología comunista, que hace un altar al terrorismo, al materialismo y aquello de que el fin revolucionario, justifica los medios. Es una ideología descompuesta ética y moralmente, que hace que sus miembros no se detengan en compasión ni frente a sus mismos compañeros caídos en desgracia frente al aparato político o militar, a cuyas purgas brutales y silenciosas deben muchas de sus bajas.

Para terminar le hace a Cano una cita de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Esta asociación ACVC ha sido señalada de pertenecer a las Farc (http://bit.ly/g4lvap yhttp://bit.ly/hmi9be) según denuncias de los ex guerrilleros Álvaro Manzano García, alias “Alvarito” guerrillero político y de masas frente 24 de las Farc, Daimer Yamid Ospina Ruiz, alias “Roldan o Toro”, guerrillero frente 24 de las Farc, Luis Alberto Morales, alias “Blaimer”, cabecilla de escuadra en la compañía Raúl Eduardo Maecha de las Farc. Así que usted cita un texto de una organización de las Farc, con destino a las mismas Farc. Nada original.

¿Hasta cuando los comunistas seguirán torciendo la verdad histórica? ¿Hasta cuando los medios de comunicación dejaran de hacer de idiotas útiles? o ¿estarán comprometidos en la revolución y los idiotas somos nosotros? No sería sorprendente.

Fernando Vargas

Comité Nacional de víctimas de la Guerrilla